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Yo pago por mi música, qué pasa?

Después de semanas de dar la lata con las descargas legales o ilegales, nombramiento de nueva ministra de por medio, intentos de los prescriptores digitales de medir su poder, y algunas sentencias judiciales, creo que ya se ha enfriado lo suficiente el temita como para aportar mi opinión.

Internet es muy práctico para compartir archivos, sí, y no hay que ponerle puertas al campo. Pero eso no quita que en el origen de la descarga de una película o un disco de forma ilegal haya un delito. Para aprovechar el magnífico medio que es Internet para el intercambio de archivos existen opciones de pago perfectamente válidas. Yo por ejemplo, sólo COMPRO música en iTunes, porque es más cómido, rápido, y lo descargo directamente a mi teléfono, que es donde escucho la música. Pero PAGO por ella.

Internet es genial para compartir archivos, de forma legal también. Que la SGAE esté desfasada, o que las distribuidoras no quieran ver la evidencia no es justificación para cometer un delito. Comprad la música por Internet, y listo.

En cuanto al cine, está más complicado, pero bueno, todo se andará, si no me equivoco iTunes permitirá en breve comprar películas. Tiempo al tiempo. Pero no me sean demagogos…

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¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha?

Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa.

Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha, ADSL y cable que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo que REDTEL está negociando con las sociedades de gestión de los derechos de autor abanderadas por la SGAE para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P (¿quién es REDTEL?)

A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.

Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)

Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)

Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.

Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.

Firmado: José Alcañiz y unas 6000 firmas más (por el momento). Pon la tuya publicando el texto en tu blog.

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